Los objetivos generales de este Doble Grado abarcan a los establecidos para cada uno de los Grados individualmente considerados. No obstante, cabe distinguir entre salidas profesionales y salidas académicas.

El objetivo general del Grado en Administración y Dirección de Empresas es formar profesionales que sean capaces de desempeñar labores de dirección, gestión, asesoramiento y evaluación en empresas y otras organizaciones. Esas labores se pueden desarrollar en el ámbito global de la organización o en cualquiera de sus áreas funcionales (producción, comercialización, dirección de recursos humanos, inversión, financiación o contabilidad). El graduado/a debe conocer la articulación del normal desarrollo de todas estas áreas funcionales en el marco de los objetivos generales de la unidad productiva, así como su conexión con el contexto global de la economía. En concreto, debe saber identificar y anticipar oportunidades, asignar recursos, organizar la información, seleccionar y motivar a las personas, tomar decisiones, alcanzar objetivos propuestos y evaluar los resultados alcanzados.

Los graduados en Administración y Dirección de Empresas pueden continuar sus estudios en cualquiera de los tres títulos de Máster que se ofrecen en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Desde el curso 2006/2007, la Facultad ofrece títulos de Master adaptados al modelo Europeo. La superación de estos programas, de un curso académico de duración, permite obtener un Título Oficial de Master, con reconocimiento Europeo, y que abre la puerta para la elaboración de la tesis y el acceso al grado de Doctor. En la actualidad, se ofertan en la Facultad cuatro títulos de Máster:

• Máster Universitario en Contabilidad y Auditoría
• Máster Universitario en Dirección de Empresas
• Máster Universitario en Creación de Empresas, Nuevos Negocios y Proyectos Innovadores (Masterup)
• Máster en Dirección de los Recursos Humanos

La titulación en Derecho (antes Licenciatura y ahora Grado) es una titulación polivalente en cuanto que no sólo capacita para lo que conocemos como el ejercicio profesional del Derecho a través de la Abogacía y Procura sino que posibilita la inserción laboral en ámbitos muy diferentes. En tal sentido permite adquirir estudios básicos necesarios para poder ser: Abogado del Estado, Notario, Registrador de la Propiedad, Jurista Militar, Procurador, Juez/Magistrado, Fiscal, Secretario judicial, Asesor jurídico en el ámbito de la actividad pública, laboral o empresarial. También ofrece una formación excelente para el acceso a la función pública en puestos tales como: Funcionario de la Administración del Estado, Funcionario de la Administración Autonómica, Funcionario de la Administración Local, Funcionario de prisiones, Diplomático, y cualquier actividad relacionada con las relaciones jurídicas y sociales. Así pues, la gran diversidad de salidas profesionales, tanto en el ámbito público como en el privado, aseguran una relativamente fácil inserción laboral adecuada a los  perfiles o itinerarios definidos del Derecho.

Ahora bien dada la polivalencia de nuestros estudios en cuanto a las capacidades y destrezas que se presuponen en el actual licenciado en Derecho y futuro graduado no existe unas normas reguladoras del ejercicio profesional del egresado de la titulación en Derecho. Sin embargo, siendo una realidad la  inexistencia de normas reguladoras de la profesión en el sentido estricto del término dada la pluriempleabilidad de los licenciados o graduados en Derecho, no puede dejar de reconocerse que la necesaria capacitación profesional de los abogados y procuradores ha sido una reivindicación constante de los Colegios Profesionales que congregan a los abogados y procuradores a la que también se han mostrado sensibles el Consejo General del Poder Judicial (en el Libro Blanco de la Justicia del año 1997 reclamó la capacitación práctica de estos profesionales), la X Conferencia de Decanos y Decanas de las Facultades de Derecho de las Universidades Española (reunida en Vigo en 2004 señaló “la asunción de la necesidad y urgencia de regular el acceso a las profesiones de abogado y procurador”) y, el Pacto de Estado sobre la Justicia del año 2001 se refirió a la cuestión en su punto 20.

Como respuesta legislativa a lo que pudiéramos considerar “el titulo profesional de abogado y el título profesional de procurador” la Ley 34/2006 de 30 de octubre, reguladora del Acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, ha previsto ya la existencia del titulo de Grado en Derecho como elemento básico sobre el que debe apoyarse la posterior formación específica, de carácter práctico, que habilite a quienes obtengan el Grado para ejercer dichas profesiones. En este sentido la Ley prevé la realización de un Master en Abogacía y un Master en Procura, así pues, a partir del 1 de octubre de  2011, el título de Graduado en Derecho deberá complementarse con el pertinente Master y el posterior examen de habilitación colegial exigido por las normas vigentes para el correspondiente ejercicio profesional.